Desde Adelante se muestran sorprendidos por la denuncia pública del gobierno municipal en la que acusan al gobierno del Estado de adoptar “una medida inoportuna y que resulta inexplicable ya que los ayuntamientos estamos actuando como primer escudo social en la lucha contra la pandemia del Covid-19”.

Según el gobierno municipal “el pasado mes de marzo el Ministerio de Hacienda descontó de la liquidación negativa de 2017, 120.304,22 euros de las entregas a cuenta de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE)».

Desde Adelante comentan que, si bien pueden llevar razón en su reivindicación, no deja de sorprender que no hayan pedido al gobierno de la Junta de Andalucía el pago de la Patrica (Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma).

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ya ha denunciado en más de una ocasión el incumplimiento del PP y sus socios de gobierno del compromiso que adquirieron de consignar de inicio una partida de 600 millones de euros para pagar la deuda histórica que la Junta tiene con los ayuntamientos en 3 años, asignando una partida de 100 millones de los 600 millones comprometidos.

La última estimación de la cifra que la Junta de Andalucía debe al Ayuntamiento de Almuñécar es de 2.500.000 euros (un 95% más de lo que le reclama al Estado). Una cifra nada desdeñable que “ya podían haber reclamado de manera urgente y con el mismo ahínco a sus compañeros del gobierno andaluz”.

El concejal de Adelante, Francisco Fernández, pide a la alcaldesa que “ya que se pone con la petición a Pedro Sánchez”, que exija también a sus compañeros del gobierno autonómico el pago de la deuda que la Junta tiene con Almuñécar.

Además, señalan desde Adelante, el Ministerio de Trabajo va a distribuir 236 millones de euros para la contratación de trabajadores del campo en los ayuntamientos, “fondos vitales para la recuperación de los municipios una vez se haya superado la crisis sanitaria del Covid-19”.

Asimismo, “se destinan 300 millones para la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan usar su superávit si lo invierten en partidas de atención social: atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus”. Regla de gasto que, por cierto, también aprobó el PP.

Da la impresión que la denuncia busca más desacreditar al gobierno del Estado que otra cosa, porque si lo que quieren es buscar fondos para enfrentar los problemas sobrevenidos por la pandemia, bien harían en reclamárselo al gobierno andaluz, concluye Fernández.

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