La ruina de Tropical Fruit (1988).

Benavides creó en 1988 la empresa Tropical Fruit para comercializar y promocionar frutos subtropicales. Tropical Fruit estaba constituida en un 90% por capital municipal y el resto por dinero privado.

En 1992 se interpuso una denuncia contra Benavides, poco después de que un nuevo gobierno socialista entrara en el Ayuntamiento de Almuñécar para suceder a los andalucistas.

El alcalde de Almuñécar, condenado a pagar 200.000 euros por malversación (2003).

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Motril condenó a Benavides a pagar, junto con otras 11 personas que en 1990 formaban parte del Consejo de Administración de la empresa pública Tropical Fruit S. A., 2,4 millones de euros por malversación de fondos públicos, negligencia y falta de responsabilidad. La cifra incluía 1,1 millones que los condenados deberían devolver a las arcas públicas. El resto, hasta los 2,4 millones, correspondía a los intereses generados desde la fecha de la denuncia, 1992, más las costas judiciales. La sentencia no era firme y Benavides recurrió.

Cuando los socialistas llegaron al equipo de Gobierno, con Juan Rodríguez como alcalde, la composición del Consejo de Administración de Tropical Fruit cambió radicalmente. Rodríguez solicitó una auditoría que destapó numerosas irregularidades en la gestión y contabilidad de Tropical Fruit. Ésta determinó que la empresa sufría una pérdida patrimonial que rondaba los tres millones de euros. El nuevo Consejo de Administración interpuso una denuncia contra Benavides y el anterior equipo.

Los demandantes aseguraron en su pliego de denuncia que la empresa municipal compraba a productores a precios más altos de los que marcaba el mercado y después los comercializaba a un precio muy inferior. Responsables del PSOE, en este momento en la oposición, consideraron esta práctica una «peculiar técnica empresarial» que supuso importantes pérdidas que los responsables de la empresa intentaron esconder «inflando los activos patrimoniales de la sociedad».

Denuncia por alzamiento de bienes (2005).

Mientras tanto, Benavides y Rafael Contreras presentaron demandas de separación de mutuo acuerdo con sus esposas y la fijación de unos convenios reguladores que llamaban la atención.

Según señaló el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, los dos matrimonios acordaron «en connivencia» y de mutuo acuerdo iniciar sendos procedimientos judiciales en el mes de julio de 2005 con el ánimo de eludir las responsabilidades civiles derivadas de la ejecución de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Motril, que los condenaba por las supuestas irregularidades en la gestión de la empresa de hortofrutícolas ‘Tropical Fruit’, controlada por el Ayuntamiento, al pago de una indemnización de más de 1,4 millones de euros, más los intereses y las costas -unos 3,4 millones de euros en total-. Así, según el fiscal, los procesados se aseguraban «obligaciones inembargables» que aminoraran su patrimonio en detrimento de los acreedores.

Concretamente, los dos matrimonios presentaron en los Juzgados de Almuñécar y en la misma fecha, el 22 de julio de 2005, la demanda de separación, que establecía la necesidad de pasar una pensión alimenticia a los hijos, a pesar de que éstos eran en los dos casos «mayores de edad, estaban emancipados, vivían de forma independiente y poseían recursos económicos suficientes». Así, Contreras y su esposa tendrían que consignar 1.000 euros mensuales a sus hijos (500 por cada uno de ellos) y Benavides y la mujer un total de 2.300 (1.150 para cada uno), trámites que, para el fiscal, tenían una «finalidad defraudatoria».

No habían transcurrido dos meses cuando los abogados de las ya ex esposas, también el mismo día, el 9 de diciembre de 2005, solicitaron una retención judicial de la pensión alimenticia, si bien las peticiones no llegaron a hacerse efectivas al acordarse la suspensión del procedimiento en ejecución por «prejudicialidad penal».

El comportamiento es al menos sospechoso y así lo resalta la sentencia. Pero sólo eso. «No se puede alcanzar la convicción de que los acusados interviniesen en los hechos delictivos que se les imputan. Tan sólo existe una mera sospecha y la simple conjetura no puede enervar la presunción de inocencia», recalcaba.

«Si bien en el caso de autos existe material probatorio para poder afirmar que las afirmaciones que se contuvieron en el convenio regulador propuesto por los acusados en sus demandas de separación, en relación a la situación económica de los hijos era ficticia, al menos en parte, en el sentido de que no respondía a la verdadera situación económica de los mismos, lo cierto es que tal hecho no puede ser constitutivo» de alzamiento de bienes», subrayaba.

El juzgado incidió en que el Código Penal «sanciona al que en perjuicio de sus acreedores realice cualquier acto que dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo», una circunstancia que, en el caso de Tropical Fruits, no existe o no está demostrada. No consta que se instase a la ejecución provisional de la sentencia, por lo que no se puede afirmar que existiesen acreedores.

Añadió, no obstante, que la conducta que han tenido los acusados es «atípica», al no existir un crédito real y por tanto no había deuda y ni tampoco acreedores o perjuicio.

El PSOE acusa a Juan Carlos Benavides de paralizar el proceso judicial (2006).

La portavoz municipal del PSOE en la corporación almuñequera, Rocío Palacios, afirmó que Juan Carlos Benavides pretendía cambiar la comisión liquidadora, “sustituir sus tres miembros por uno afín a sus intereses, José Jesús García Alabarce”, con el fin de dejar pasar el tiempo y no presentarse a los requerimientos judiciales.

En versión de la representante socialista, el primer edil  evitaría que los representantes del consejo de administración y su presidente, Juan Carlos Benavides, “pagaran los 300 millones de pesetas, las costas y los intereses de demora, lo que supondría un desembolso de unos 500 millones de las antiguas pesetas”, es decir 3.005.060,52 de euros.

La ruina amenaza a las familias que integraban Tropical Fruits. El juez requiere 3,4 millones a ex miembros del consejo «inocentes» y que no han ‘blindado’ su patrimonio.

Tanto PSOE como PP lamentaron que estas personas «que tuvieron la desgracia de pertenecer al consejo» tengan que hacer frente con sus bienes a la condena mientras, en palabras del PP, «los verdaderos responsables del desaguisado económico como Benavides o Contreras han realizado los trámites para hacer desaparecer su patrimonio»”.

En el Pleno se caldeó el debate cuando los grupos discutían el cambio de representantes municipales en la empresa pública Tropical Fruit, cuyo Consejo de Administración ha sido condenado, junto al alcalde de la localidad, a devolver al Ayuntamiento tres millones de euros por su gestión deficitaria.

El PSOE acata la sentencia de Tropical Fruit pero critica la gestión de Benavides (2008).

Ante la sentencia del Tribunal Supremo que absolvía al alcalde, Juan Carlos Benavides, y a otros diez imputados por el caso Tropical Fruits, el PSOE de Almuñécar mantuvo que la actuación de los administradores de esta empresa comercializadora de subtropicales de capitales municipales fue «nefasta», y le ha hecho perder al municipio más de un millón de euros. Asimismo, recordó que tanto el regidor como el secretario local de Convergencia Andaluza, Rafael Contreras, y sus respectivos cónyuges, se encontraban imputados por un presunto delito de alzamiento de bienes.

El alcalde de Almuñecar en el ojo del Huracán (2009).

El fiscal pide cárcel para Benavides por fingir su separación para no pagar una millonaria condena.

Solicita dos años y medio de prisión para el alcalde, uno de sus hombres de confianza y sus mujeres por maquinar en «connivencia» su ruptura con «finalidad defraudatoria» La Fiscalía entiende que redujeron su patrimonio para eludir la sentencia de ‘Tropical Fruit’.

Por otra parte llega a juicio la querella que la concejala socialista del PSOE , Rocio Palacios, había interpuesto contra el Alcalde, Juan Carlos Benavides (PA),  por llamarla «zorra» durante un pleno e insinuar que su ascenso político se debe a «relaciones íntimas» con un dirigente del PSOE. 

Los socialistas afirmaron que respetan pero no comparten la decisión del Tribunal Supremo.

Los inculpados del caso Tropical Fruits solicitan recuperar las costas del pleito.

Absolución (2011).

Casualmente, el juicio programado para 2010 se retrasó hasta 2011, dando resolución tras las elecciones municipales.

En este juicio se enfrentaron a dos años y medio de prisión, multa de 27.000 euros e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.

En el caso de Benavides, aunque sus dos hijos eran ya mayores de edad, les fijaba una cantidad de 1.150 euros para cada uno «lo que no se correspondía a la realidad pues al menos uno de ellos presentaba una capacidad económica propia, incluso superior a la del cónyuge que se obligaba al pago».

El comportamiento es al menos sospechoso y así lo resalta la sentencia. Pero sólo eso. «No se puede alcanzar la convicción de que los acusados interviniesen en los hechos delictivos que se les imputan. Tan sólo existe una mera sospecha y la simple conjetura no puede enervar la presunción de inocencia», recalca.

Fuentes: El País, Ideal, El Diario Córdoba y Granada Hoy

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