1.- IU denuncia que el International School duplicó su parcela

Este centro era municipal y se vendió a los actuales propietarios en 1997, en una operación que se refiere a una parcela de 6.000 metros cuadrados con 862,87 metros construidos.

El encargado de valorar esa propiedad para su venta fue el señor Passolas, que la tasó en 40 millones de pesetas, un precio muy por debajo del precio de mercado. De esta manera, el arquitecto ponía precio a una finca que él compró junto a otros socios.

La parcela tenía agotada su edificabilidad en el momento de esta compraventa, pero posteriormente se llevaron a cabo ampliaciones por las cuales, en una operación de magia increíble, la parcela ha pasado a ser de 11.025 metros cuadrados, siendo 2.470 los metros construidos. Lo más curioso es que ese crecimiento se ha producido a pesar de que la parcela está rodeada por una calle y linda con las 51 viviendas de Los Pinos, que se hicieron famosas por otro grave problema urbanístico. Nadie ha explicado de dónde han salido esos nuevos metros.

Además, el colegio ha funcionado más de once años sin licencia de apertura hasta que se le concedió en 2008, y aunque se abrieron expedientes al respecto, elaborados por el señor Passolas, que era arte y parte en la cuestión, fue una operación pactada con el infractor para frenar otras actuaciones de organismos públicos o judiciales.

Benavides volvió a sentarse en el banquillo de los acusados imputado por un delito contra la ordenación del territorio por el que la Fiscalía pedía dos años de prisión y la inhabilitación especial para empleo y cargo público durante diez años.

2.- La Fiscalía retira la acusación en base a un argumento sorprendente

La Fiscalía retiró la acusación contra el alcalde, que fue arte y parte en las irregularidades, porque aceptó como argumento de la defensa la afirmación de que el PGOU de 1987 no estaba vigente porque no se publicó en el BOP hasta 2009. Según este argumento, todos los conflictos urbanísticos cometidos en ese periodo estarían basados en la nada.

La decisión de la Fiscalía dejó a los ciudadanos indefensos en un pleito en el que se descartó, sin explicar el motivo, la posibilidad de que declarase como testigo el coordinador de Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que más información ha aportó a la causa. Tras una breve charla entre el fiscal y el abogado defensor, la Fiscalía renunció a utilizar el testimonio de este ciudadano a pesar de que estaba presente en la sala porque había sido citado para declarar.

Además, el magistrado del juzgado de lo Penal número Uno expone que con la retirada de la acusación contra Juan Carlos Benavides y la «absolución que procede» en relación al acusado Miguel Robles técnico municipal que emitió el informe favorable para las obras que se realizaron en el colegio en 2005 se «diluye de forma importante» la acusación contra los miembros de la sociedad del colegio Daza y Rodríguez-Passolas si bien es cierto, continúa el magistrado que «las relaciones entre todos ellos, los puestos y cargos que ocupaban y la forma de suceder los hechos, acometiéndose una obra sin licencia para una entidad a la que estaban ligados es cuanto menos sorprendente y sospechoso», pero que las pruebas existentes, en beneficio de los acusados, «no son suficientes para la formación de una convicción judicial seria, fundada y segura de culpabilidad».

Fuentes: Ideal, Granada Hoy, IU y Ecologistas en Acción

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