1.- Documentación incompleta e instalaciones inseguras y que incumplían la normativa.

El zoológico abrió al público en 1997, años en el que comenzaron una correspondencia cruzada entre Medio Ambiente y el Ayuntamiento sexitano, en las que la Delegación le pedía ciertos documentos necesarios para darle la licencia de apertura y el Consistorio los iba aportando, aunque la documentación seguía estando incompleta en 2006, según un informe firmado por el inspector de parques zoológicos de Granada.

2009: Si el Parque Zoológico de Peña Escrita hubiera estado cerrado al público, tal y como propuso la Delegación de Medio Ambiente de Granada hace más de un año antes, quizá el hombre que se llevó un susto de muerte y sufrió magulladuras de un león el 10 de agosto, no habría sido atacado. 

La situación aún podía haber sido peor si se hubiesen reproducido las circunstancias -el Ayuntamiento decía que muchas habían mejorado- que se daban en el complejo en febrero de 2005, cuando ya estaba abierto al público: no había un sistema adecuado de seguridad general en Peña Escrita, tampoco uno específico para evitar posibles transgresiones, el rifle para una inmovilización física de animales en caso de accidente no podía ser usado por el cuidador por falta de permiso de armas y la pistola estaba en un armero propio del vigilante. 

El equipo en total se componía de una pistola, redes y un rifle, tampoco había anestésicos para narcotizarlos en caso de necesidad, no había una barrera suficiente que impidiera los escapes de animales, ni un sistema de vigilancia específico (como cámaras) para los peligrosos, no existía cierre de seguridad en los recintos, era más que probable el contacto físico de los visitantes con los animales. Todo ello según el informe técnico de la Delegación Provincial de Medio Ambiente que se emitió en la fase de solicitud de autorización para la continuación de la apertura del Parque. A pesar de todo, el zoo siguió abierto.

Finalmente, la Junta debió estimar que no todo había sido subsanado, puesto que años más tarde, en base a un informe del Servicio de Gestión de Medio Natural de la Delegación de Granada de Medio Ambiente, esta remitió el 24 de julio de 2008 a la Dirección General de la Consejería una «propuesta de cierre al público de todos los recintos que constituyen el Parque Zoológico». Algo que -según matizan desde aquélla- es distinto que el cierre de las instalaciones, que es competencia del Ayuntamiento de Almuñécar el cual, como se sabe, es propietario de las mismas. «No obstante, hasta la firma de resolución por la directora general su contenido no será definitivo y podría contemplar modificaciones». Lo cierto es que en ese momento no hubo contestación por parte de Sevilla.

En 2009, las circunstancias, según Ecologistas en Acción, desde 2005 no habían variado, «excepto en el caso de las obras de ampliación y un proyecto de diques, según nos consta», señalaba Javier Egea, responsable de la organización en Granada, quien también afirmaba que no había habido resolución por parte de Sevilla porque «nos la habrían notificado, al ser parte en el procedimiento». El expediente -según confirmaba también la Delegación granadina- estaba parado allí, desde hacía un año, pendiente de resolución. De esta última dependía que el parque siguiera abierto o no.

La petición de cierre se produjo casi un año después (octubre de 2007) de que el propio Ayuntamiento anunciase que se encontraba en posesión de autorización de la Consejería de Medio Ambiente para la apertura al público del Parque de la Naturaleza Peña Escrita como Parque Zoológico. Según el Consistorio, «se puso fin de esta forma a más de tres años de tramitación administrativa, que concluyó con la inscripción en el Registro Andaluz de Parques Zoológicos de Peña Escrita, en el que se le asignó el número GR-003».

La Dirección General de Gestión del Medio Natural remitió al Ayuntamiento de Almuñécar una resolución en tal sentido, con fecha de 10 de septiembre de 2007. En la misma se hizo repaso a toda la tramitación, iniciada por el Consistorio en septiembre de 2004, obteniendo, por silencio administrativo, una autorización provisional a los seis meses, lo que permitió la apertura al público de las citadas instalaciones. «La tramitación se demoró de forma inexplicable», según fuentes municipales, quienes afirman además que en todo momento existió colaboración entre los técnicos municipales y los de la Junta. Durante este tiempo se procedió a sucesivas ampliaciones de las instalaciones.

En la resolución firmada por el director general de Gestión del Medio Natural, José Guirado Romero, se autorizaba a la apertura al público con una serie de condicionantes, la mayoría de los cuales, especialmente los más importantes, ya estaban corregidos o en vías de solución, según el Ayuntamiento. Pero parece que esto último no estaba claro, o por lo menos todo apuntaba a que sí se habían subsanado los problemas o estaban en vías de solución, la Junta creía que el Ayuntamiento no lo había acreditado suficientemente.

El 9 de mayo de 2005, el delegado, entonces Gerardo Sánchez, en respuesta a la solicitud del Ayuntamiento y después de que se produjese la visita de la inspección efectuada el 17 de febrero de 2005, exigía una serie de documentación, como copia de los contratos del personal que trabaja en el centro, títulos universitarios del personal técnico (conservadores, veterinarios y educadores) y de los cuidadores que las posean. También decía que la presencia y la dedicación del personal veterinario, que acude según el informe una vez al mes, «es insuficiente y no se corresponde al mínimo exigible para este tipo de centro». Asimismo, se debería aportar un programa de conservación ex situ (que participa en actividades de investigación y de intercambio de información), acreditar que se cumple con un plan educativo, un registro de animales, identificación de los mismos, pruebas de que se realiza prevención de transmisión de plagas y parásitos, se debería completar un programa de vacunación y cumplir los protocolos establecidos en medidas de limpieza, desinfección y desinsectación, y de eliminación de cadáveres y materias contumaces.

Un año más tarde, en marzo de 2006 la Delegación realiza una nueva inspección en la que considera que faltan de nuevo papeles, en concreto, «la identificación de todos los animales, el protocolo de eliminación de cadáveres, el plan de prevención de transmisión de plagas y parásitos, el protocolo de asistencia veterinaria», entre otros. La Delegación también impone una serie de reformas.

En concreto, en el capítulo de seguridad, el escrito señalaba que «los animales que habitan en semilibertad dentro del recinto general no tienen garantizada su permanencia en cautividad ya que el cercado que rodea todo el recinto carece de la firmeza, resistencia y altura necesaria para evitar fugas, como así se detectó durante la visita de inspección, al contemplar algún muflón junto al vallado exterior del parque».

Entre las once actuaciones necesarias, según Medio Ambiente, se encontraba también la necesidad de un plan de prevención y otro de autoprotección, «en el que viniera reflejado el sistema de evacuación que garanticen la integridad de los residentes y visitantes del parque».

El periódico Público comenta en su artículo que las deficiencias del zoo, gestionado con dinero público, vienen de lejos. Un informe de la Junta elaborado en 2005, al que ha tenido acceso este periódico, ya detectó numerosas infracciones en el parque. El documento apuntaba la falta de salubridad en estancias como la descrita de los hipopótamos, que ya entonces no disponía de «unas condiciones higiénicas óptimas y debía aumentar su espacio».

Ecologistas en acción se hace eco en 2007 de la situación lamentable en que se encuentran en esas fechas los zoológicos de Almuñécar y en especial el de Peña Escrita, al que tachan de «clandestino» y manifiestan que debería estar cerrado al no cumplir casi ninguna de las exigencias que se contemplan en la Ley.

2.- Utilización de peones agrícolas para labores de cuidado y alimentación. 

Además, como denunció IU en 2009, Benavides utilizó ilegalmente peones agrícolas, como el cuidador herido en Peña Escrita.

Había varios trabajadores contratados gracias al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) que estaban siendo utilizados en trabajos peligrosos y fuera de lo que son las tareas agrícolas, como la alimentación y cuidado de los animales, o el mantenimiento y la vigilancia de las jaulas, comederos o vallas». 

De hecho, según apuntó, en los últimos años, el Ayuntamiento ha gastado en Peña Escrita el 80 por ciento del dinero enviado por el Gobierno para Fomento de Empleo Agrario. En 2007, por ejemplo, destinó del PFEA 84.237,14 euros a Peña Escrita. De esa misma partida, sólo se dedicaron 35.536,54 euros a Subtropicales y «la ridiculez» de 2.090,38 euros al Vivero de Velilla.

En 2008, del PFEA de ese año Peña Escrita se llevó 91.660,69 euros, mientras que se destinaban 37.578,42 a Subtropicales y sólo 2.169,09 al Vivero de Velilla. «Este extraño reparto de fondos agrarios se aprobó con el voto a favor de Convergencia y el PP y fue rechazada la enmienda que presentó el grupo municipal de IU pidiendo que ese dinero que iba a Peña escrita se gastara en caminos agrícolas, acequias, muros y jardines. 

3.- Certificaciones de obras sin finalizar 

En 2010, al ingeniero municipal, Julio Roldán Fontana, se le abrió expediente disciplinario. El motivo fue «haber firmado una certificación de obra que no estaba hecha y se trataba del cortafuegos de Peña Escrita. El ingeniero firmó que la obra estaba acabada cuando no está hecha». IU de Almuñécar denunció la posible comisión de un delito de estafa al Ayuntamiento por parte del ingeniero municipal.

 Luis Aragón, cuando llegó al cargo en 2011 tenía que sacar adelante un extravagante parque zoológico municipal ubicado en una escarpada montaña en la que vivían 150 animales gran parte de ellos salvajes que necesitaban 300.000 euros al año tan solo en comida y mantenimiento. Llego a costar algunos años en torno al millón de euros.

Además, el parque no puedía aportar ingresos por visitas, ya que está situado en una escarpada montaña de 1.200 metros de altura a la que no puede llegar ni un autobús y la entrada estaba situada en una cañada real. 

Las once cabañas de Peña Escrita, con capacidad para albergar 48 personas, tampoco pueden explotarse turísticamente ya que adaptar las instalaciones a la normativa actual para garantizar la seguridad de los turistas en convivencia con los recintos de las fieras también le costaría un dineral al Ayuntamiento. Aunque anteriormente la estuvieron gestionando, junto con el restaurante, personas afines al alcalde.

No sólo era una carga inviable económicamente, sino que mantenían a animales fuera de su hábitat en condiciones nada favorables para una vida digna. 

4.- Reubicación de los animales 

En este proceso, el Ayuntamiento de Almuñécar ha contado con la colaboración de FAADA, una fundación que se dedica a apadrinar, adoptar y rescatar animales salvajes y que, paradójicamente, llegó a Peña Escrita para denunciar al Ayuntamiento ante la Fiscalía. Al final, denunciantes y denunciado acabaron colaborando en buena sintonía para buscar el mejor hogar posible a las fieras y demás especies del parque sexitano.

Desde que Peña Escrita cerrara en el año 2015, el Ayuntamiento de Almuñécar ha hecho enormes esfuerzos por buscar un nuevo hogar para los cerca de 150 animales que ha llegado a albergar el recinto.

Poco a poco el zoo, que el Ayuntamiento quiere vender después de años clausurado y de muchas gestiones para el traslado de las decenas de especies que acogía, se va quedando vacío. 

El actual equipo de Gobierno ha tratado de regularizar la situación del parque y poco a poco ha recolocado a los animales para recortar gastos. El Consistorio apunta que los gastos del parque ascendían hasta 400.000 euros anuales, una derrama que «no se podían permitir».

A fecha de 11 de enero de 2021, en el zoológico aún queda un oso, dos emures, cabras, orix… apenas un total de una veintena de animales.

Fuentes: Público.es, Europapress, Ecologistas en Acción, Granada Hoy, Ideal e IU.

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