Los convenios ilegales de Benavides: una ruina que sigue machacando a este pueblo

Francisco Fernández. Concejal de IU-Podemos 

Durante las dos legislaturas de 2003 a 2011, Benavides firmó más de un centenar de convenios urbanísticos con distintos promotores. Les prometía el derecho a construir el doble o el triple de lo que el PGOU actual permite. Los terrenos que estos promotores tenían que ceder para colegios, instalaciones deportivas o jardines eran valorados por los responsables de Urbanismo. El ayuntamiento renunciaba a esos terrenos y los promotores pagaban una parte de ese dinero por adelantado.

El ayuntamiento sería tan rico que podría pagar una presa en Otívar y una desaladora. Esas barbaridades llegaron a escribir, y algunas personas se las creyeron.

¿Cómo se haría ese milagro de los panes y los peces? Aprobando un PGOU mágico que él sabía que nunca se lo iban a aprobar en la Junta porque incumplía toda la normativa vigente. Eso justo fue lo que ocurrió.

Además, los Tribunales de Justicia declararon ilegales todos los convenios. Los promotores empezaron a reclamar el dinero que habían adelantado al ayuntamiento a cambio de ese paraíso de bloques de pisos, chalets y campos de golf que se habían esfumado. 

Los tribunales de justicia han dado la razón a todos los que han reclamado. Y hay que pagarles. Pero el dinero no está, porque Benavides se gastó hasta el último euro a pesar de que la ley decía que el dinero de convenios debía guardarse… por si acaso el convenio no se podía cumplir.

El 22 de abril de 2015 se pagó la primera cantidad por orden judicial. Desde entonces, mes a mes, los almuñequeros hemos ido pagando, euro a euro, a algunos promotores que habían firmado convenios ilegales con Benavides. 

Hasta mayo de 2020, la cantidad devuelta a estos promotores es de 3.389.804,31 euros. Pronto hay que empezar a devolver casi dos millones y medio del Convenio de las Tejas. Si hay que devolver todos los convenios, llegaremos a treinta millones. 

Convenio Cantidad devuelta hasta mayo de 2020
Laderas de Taramay 81.055,91
Vergel Tropical 97.855,61
Cotobro Alto – Mirador Bahía 2.882,50
La Hoya 22.403,49
Altos de Cantarriján Golf 364.261,90
Golf Río Jate 80.782,34
Tropical Garden 18.353,07
Jardines del Sat 7.288,20
Las Maravillas Norte 1.179.416,00
Los Corrales 1.535.505,29
3.389.804,31

 

De 2003 a 2011, este señor gastó todo lo que nos cobraba en impuestos a los almuñequeros, y se gastó esos treinta millones que había cobrado por los convenios urbanísticos ilegales. Todo era poco. Gastaba cada año entre uno y dos millones de euros en Peña Escrita. Se puso el sueldo de alcalde más alto de Andalucía. Derrochaba en viajes con todo pagado. Cuando no estaba de fiesta en Siria, es porque estaba en la feria de la cerveza de Munich, en Marruecos o en el Algarve. Despilfarraba millonadas cada año con su televisión y su periódico particular que pagábamos entre todos.

Y a pesar del dineral que entró al ayuntamiento en esos años, cuando IU y PSOE nos pusimos de acuerdo para echarlo del gobierno en 2011, aún estaban sin pagar los aparcamientos de Velilla y San Cristóbal, las pistas de pádel del P-4, debía casi cuatro millones de euros a la empresa de la basura, debía una millonada a los abogados, las pequeñas empresas del pueblo cobraban con años de atraso…

Y entonces, el ministro de Hacienda obligó a todos los ayuntamientos a pedir un préstamo para pagar lo que debían a las empresas. El ayuntamiento de Almuñécar tuvo que pedir un crédito de 18 millones. Y mientras no volvamos a una situación financiera razonable, estamos sometidos al control del Ministerio de Hacienda. No podemos bajar ingresos y no podemos subir gastos. Esa es la situación. Mienten quienes dicen otra cosa.

ENLACES DE INTERÉS:
Destrucción a toda costa, informe de Greenpeace España (Página 17) (2008)
La Junta ha impugnado 54 acuerdos urbanísticos en Almuñécar desde 2000 (2008)
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Almuñécar se enfrenta al pago de convenios vinculados a un plan urbanístico que no existía (2015)
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Entiende que los hechos ocurridos entre 2003 y 2005 son susceptibles de ser calificados como un presunto delito de «cohecho continuado» que estaría prescrito.

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