En 2005 Ecologistas en Acción denunciaba lo siguiente: “es deplorable la actitud del Alcalde de Almuñécar, Don Juan Carlos Benavides, tratando de culpar desde ya, del fracaso de su Plan de Urbanismo a las instituciones, y resulta cómico que recurra a que si fueran del mismo partido no habría problemas

Si el Sr. Benavides hubiera tenido la deferencia de informar de verdad, le habrían dicho que, con la legislación en la mano, no puede hacer el ferial, ni el aparcamiento de camiones, ni viales, ni campos de golf en la vega porque es zona de protección paisajística y agraria, así como hábitat del camaleón común, que se encuentra estrictamente protegido por la ley europea, estatal y autonómica. Le habrían dicho que no se pueden poner campos de golf en Cotobro ni en Cantarriján, porque no hay agua, ni siquiera depurada. Le habrían dicho que debe dejar un espacio libre alrededor de los monumentos arqueológicos y no integrarlos en los jardines privados de hoteles o urbanizaciones. Le habrían dicho que el hoyo que quiere hacer en la Sandovala para su marina interna es un proyecto descabellado, se mire por donde se mire. Y le habrían dicho mucho más, que le dirán en cuanto se conozca públicamente el documento completo.

Al Sr. Alcalde le interesa que le echen el plan para atrás, para así tener culpables a los que achacar su fracaso como gestor público. Ahora viene un trabajo importante, no sólo para todos los ciudadanos que tienen el derecho y la obligación de alegar aquello que estimen más conveniente para el futuro de su municipio, sino y sobre todo, para las Administraciones, que habrán de velar por una parte, porque se cumpla la ley a rajatabla, y por otra, porque no se empiece a utilizar este Plan como si ya estuviera aprobado, pues el actualmente vigente es el del año 1987, que es al que hay que atenerse mientras no exista la aprobación definitiva de uno nuevo”.

Si bien podrían tener razón Ecologistas en ese momento cuando razonaban que a Benavides le interesaba que le echaran el Plan para atrás, no hay que olvidar que el alcalde firmó convenios urbanísticos supeditados a la aprobación de ese PGOU, pretendiendo hipotecar el urbanismo del municipio, como así ha sido en algunos momentos, e hipotecando las arcas municipales en el resto de casos por tener que devolver los convenios que fueron cobrados por el ayuntamiento. 

Tal y como explicaba el concejal de IU-Podemos, Francisco Fernández, en su artículo ‘Los convenios ilegales de Benavides: una ruina que sigue machacando a este pueblo’: “Durante las dos legislaturas de 2003 a 2011, Benavides firmó más de un centenar de convenios urbanísticos con distintos promotores. Les prometía el derecho a construir el doble o el triple de lo que el PGOU actual permite. Los terrenos que estos promotores tenían que ceder para colegios, instalaciones deportivas o jardines eran valorados por los responsables de Urbanismo. El ayuntamiento renunciaba a esos terrenos y los promotores pagaban una parte de ese dinero por adelantado”.

Política de hechos consumados que acreditaban su intención de, si no aprobar el Plan en su totalidad, forzar a que se pudiera realizar bastante del mismo, abocando al municipio a un futuro más que preocupante. Con que se hubiera aprobado la mitad, hubiera sido una catástrofe medioambiental y económica.

En el informe de Greenpeace “Destrucción a toda costa” de 2006, la organización ecologista describía lo siguiente sobre el PGOU propuesto por Benavides: “Propone la construcción de 28.000 nuevas viviendas en una localidad con una población de 23.000 personas. Incluye además 6.000 plazas hoteleras, cuatro campos de golf, dos puertos 16 deportivos y la recalificación de 19,7 millones de metros cuadrados

El PGOU ha estado rodeado de críticas, denuncias y reticencias por parte de la Junta de Andalucía, que incluso lo ha puesto en la lista de candidatos para retirarle las competencias de urbanismo”.

La construcción de los campos de golf estaba prevista en las vegas del municipio, eliminando la agricultura como sector económico estratégico y dejando al pueblo sólo con el sector servicios, puesto que la previsión era construir todo lo previsto en 10 años. Además, preveía la construcción de una marina interior en la Sandovala, proyecto que ha seguido prometiendo, al igual que los otros.

En 2008, la misma organización ecologista, recogía en su informe anual lo siguiente: “El ladrillo ha conquistado la costa granadina en la última década. Y las nuevas construcciones no han respetado los cauces naturales del agua continental. Sólo en Almuñécar, la Delegación de Medio Ambiente de la Junta ha abierto una decena de expedientes sancionadores en los últimos tres años por la invasión de la servidumbre de protección o de tránsito y dominio público marítimo terrestre, que establece la Ley de Costas”. 

En 2008 el periódico Ideal señaló que Benavides presentó un PGOU con recortes urbanísticos para que la Junta lo aprobara

“Un año después de su visto bueno, el Ayuntamiento traslada a Obras Públicas un documento que adapta su crecimiento de suelo a los límites del POTA, pero los sigue sobrepasando en población Los polémicos campos de golf salen del PGOU, como planes especiales, para facilitar el visto bueno”, informaba Ideal.

“Eso sí, hay un matiz significativo y es la inclusión de los polémicos campos de golf como planes especiales complementarios al PGOU, una figura urbanística que permitiría aprobar el documento de forma independiente, ya que estos planes necesitarían un visto bueno posterior.

A pesar de los recortes para adaptar el Plan a la normativa legal, hay un aspecto en el que el equipo de gobierno de Almuñécar no está dispuesto a ceder: el crecimiento de la población. El Plan actual presenta hasta un 55% de crecimiento, que se queda muy por encima del límite del 30% que establece el POTA. Pero el PGOU Almuñécar no puede hacerse más pequeño en este capítulo porque, según explicó el alcalde con los datos oficiales del INE y del censo municipal en la mano, Almuñécar ya crece por encima de ese límite.

Tan sólo con su crecimiento vegetativo normal, su población aumentaría un 43% en los próximos ocho años (de los 28.000 habitantes actuales se llegaría a 45.632) por lo que si además la ciudad quiere crecer no puede mantenerse en estos límites”.*

*2008: 28.000 habitantes. 2019: 26.514 habitantes según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Todo un lince el alcalde.

Una de las armas de presión que los andalucistas buscaron para forzar más la situación, fue la celebración de un referéndum, lo que causó bastante revuelo mediático en todo el país. Además, sometió a referéndum un documento que no era realizable debido a que incumplía la legalidad, lo que no fue impedimento para engañar a la ciudadanía.

Los medios de comunicación recogieron que “los vecinos de Almuñécar y La Herradura (Granada) decidieron en referéndum respaldar la aprobación inicial de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, que fue respaldado por el 77,8% de los votos. La consulta registró no obstante una abstención del 67,6%, ya que sólo acudieron a las urnas el 32,4% de quienes podían pronunciarse.

Tras el escrutinio de los 6.082 votos emitidos, 4.725 papeletas fueron a favor (el 77,8% del total), mientras que 1.174 vecinos se pronunciaron en contra (un 19,3%).

El referéndum costó 79.659 euros, de los cuales 46.560 correspondieron a publicidad y 17.942 a imprenta (publicidad igualmente). Un magnífico dispendio a sabiendas de que lo que sometía a votación no era realizable por no ajustarse a la legalidad.

Desde 2003 hasta 2011 jugando con las esperanzas de la gente, además manteniendo como director de la oficina del PGOU una persona puesta a dedo sin cualificación, como Emilio González Pavesio, cobrando de Director General un dineral.

En ese tiempo se creó la Plataforma en Defensa de las Vegas, una plataforma que englobó a organizaciones políticas y personas a título individual que estuvieron luchando contra las pretensiones del ex alcalde y que sufrió las malas prácticas del líder andalucista, llegando a presentar 7.000 alegaciones al proyecto especulador y presentando denuncias en el Defensor del Pueblo, el cual atendió a representantes de la plataforma.

A pesar de conseguir parar tal disparate al conseguir expulsar a Benavides de la alcaldía, los andalucistas siguen presentando en sus programas electorales tales atentados urbanísticos y medioambientales. Y lo hacen, curiosamente, a la vez que defienden la traída de agua para la agricultura. Todo un ejemplo de cinismo difícil de superar.

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